El 29 de abril, el presidente Trump emitió un memorándum en el que se ordenaba al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional a formular regulaciones que restringirían aún más nuestras leyes humanitarias de asilo para aquellos quienes buscan una protección de asilo en la frontera sur.

El memorándum dirige la implementación de regulaciones que exigirán que los solicitantes de asilo paguen una tarifa por su solicitud, también restringirán la emisión de permisos de trabajo solo a aquellos inmigrantes cuyos casos de asilo hayan sido concedidos y exigirán que los tribunales de inmigración adjudiquen todos los casos de asilo llegado por la frontera dentro de los 180 días de la presentación del asilo (seis meses). El lenguaje de dicho memorándum sugiere que la regla de adjudicación de 180 días no se aplicará a las personas que presenten solicitudes de asilo “afirmativas”, es decir, aquellas que ingresan a los Estados Unidos en un estado de inmigración temporal válido (como una visa de turista o de estudiante) y presenten una solicitud de asilo, sino que se aplicará solo a las personas y familias que buscan asilo en la frontera o como defensa para los procedimientos de expulsión. Esta es una continuación de la tendencia preocupante de que la Administración Trump apunta a las familias que huyen de la violencia en Centroamérica debido a restricciones legales humanitarias pero no dirigidas a otros tipos de grupos que están en la búsqueda de asilo.

La Administración cita el fraude en el sistema como la razón detrás de los cambios propuestos. Las regulaciones actuales estipulan un permiso de trabajo gratuito después de que la solicitud de un solicitante de asilo haya estado pendiente durante 180 días, y el atraso de la corte de inmigración  aproximadamente de 900,000 casos ha creado un proceso de adjudicación de asilo que puede tardar más de dos años en completarse. La Administración ha declarado en ocasiones anteriores que la promesa de un permiso de trabajo libre y un largo período de adjudicación inducen a solicitudes de asilo fraudulentas. Esta visión, por supuesto, ignora la violencia, la corrupción y la ilegalidad bien documentada que obligan a muchos solicitantes de asilo de Centroamérica a huir de sus países de origen, dejando a menudo a sus seres queridos y todo lo que poseen. Además, la realidad de muchos solicitantes de asilo, especialmente aquellos que han sufrido un proceso de temor en la frontera sur, es que hay muchas razones administrativas fuera del control de un inmigrante que retrasa la emisión del primer permiso de trabajo basado en el asilo por más de 180 días, lo que también puede retrasar el período de adjudicación de la solicitud de asilo durante muchos años dejando el deterioro en las familias separadas y los inmigrantes con seres queridos que enfrentan persecución en su país de origen. El efecto resultante del sistema que ya existe es que muchas familias que buscan asilo luchan contra la falta de vivienda, la inseguridad alimentaria y la grave inseguridad financiera.

El Secretario de Seguridad Nacional y el Fiscal General tienen 90 días para redactar los reglamentos que implementan los cambios.